El foro económico celebrado en Bogotá por el Gobierno colombiano y encabezado por el Ministerio de Hacienda terminó convirtiéndose en un punto de intensa polémica tanto dentro como fuera del país, pues la presencia como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, provocó duras reacciones entre diversos sectores políticos y de la ciudadanía.
La invitación, anunciada el 13 de abril a través de la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, generó un intenso rechazo. Rafael Correa, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue condenado por su rol estratégico en un esquema de corrupción que involucró sobornos y aseguraba contratos públicos beneficiosos a cambio de aportes financieros ilícitos. Esta invitación cuestiona, según analistas, la legitimidad de incluir figuras con antecedentes penales en eventos oficiales.
Entre las críticas más destacadas se encontró la de la senadora María Fernanda Cabal, quien describió al expresidente como un prófugo delincuente y subrayó su vínculo con el escándalo internacional de Odebrecht. Del mismo modo, la concejal Clara Lucía Sandoval afirmó que la presencia de Correa constituía un respaldo simbólico del Gobierno Petro a figuras sentenciadas, algo que calificó como muy petrista. A su vez, el economista Germán Ricaurte señaló que el evento transmitía un mensaje inadmisible sobre la integridad institucional, enfatizando que Correa no solo representa un emblema del soborno, sino también a alguien que elude la justicia.
En redes sociales, usuarios replicaron estas opiniones, cuestionando el impacto que tendría la participación de Correa sobre la percepción internacional de Colombia. El debate se trasladó también a los medios, donde analistas recordaron que la controversia no era sólo sobre la presencia del exmandatario ecuatoriano, sino sobre el mensaje institucional que el Gobierno colombiano proyecta al asociarse con figuras tan polarizantes.
La jornada quedó atravesada por nuevos focos de tensión, y aunque el evento pretendía analizar la política monetaria y la soberanía financiera en América Latina, las tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República se hicieron aún más visibles; recientemente, el banco central incrementó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una decisión que no cayó bien al presidente ni a su equipo económico, y la distancia quedó clara cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no asistió a debates relevantes con la junta directiva; en ese ambiente, la invitación de Correa fue interpretada por algunos sectores como un intento del gobierno de imprimir un tinte más político al foro en medio de un panorama ya complejo.
Aunque la polémica persiste, el Gobierno todavía no ha ofrecido una declaración formal que atienda las críticas, pero el escenario ha impulsado un análisis más profundo sobre cómo se presentan figuras públicas con historial judicial y sobre las consideraciones éticas vinculadas a su presencia en actos oficiales de gran relevancia.