El juicio de la trama Púnica, que involucra a destacados políticos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, ha revelado nuevos detalles sobre las presiones sufridas por empresarios vinculados al caso. Durante la reanudación de las audiencias en la Audiencia Nacional, se escuchó la declaración de José Luis Huerta, empresario fallecido y dueño de la empresa Waiter Music, quien organizó eventos para el PP entre 2004 y 2013 sin recibir pago alguno «por miedo» a represalias de los implicados en esta red de corrupción.
Huerta, amigo cercano del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, aseguró que fue adjudicatario de actos y espectáculos en municipios madrileños gobernados por el PP. Según su testimonio, los alcaldes de estos municipios acumulaban deudas con su empresa y él no se atrevía a exigir los pagos por temor a quedar excluido de futuras contrataciones. Este patrón, explicó, se repetía constantemente e incluía fiestas y mítines electorales, sumando deudas de entre 50,000 y 60,000 euros.
Entre los acusados destaca Francisco Granados, a quien se le acusa de prevaricación y fraude en la contratación. Huerta señaló que Granados, incluso tras convertirse en consejero en 2003, seguía ejerciendo gran influencia política en Valdemoro. «Cuando él llegaba, los concejales decían: ‘Ha llegado el jefe’», comentó José Luis Huerta en su declaración.
El empresario afirmó que los servicios que ofrecía para actos políticos del PP se cargaban a las finanzas municipales, lo que terminó elevando la deuda de los Ayuntamiento. Entre los episodios más destacados mencionó un mitin electoral organizado en Algete en 2008, al que acudió Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Tras exigir el abono de las facturas, Huerta señaló que solo obtuvo respuestas evasivas. Según explicó, «Granados me comentaba que no había fondos y que diera por hecho que ya estaba correctamente compensado con los contratos de las fiestas».
La Fiscalía ha pedido imponer una condena de seis años de cárcel a Francisco Granados, así como penas que oscilan entre dos y cuatro años para varios exalcaldes encausados, entre ellos José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, y Esteban Parro, exsenador y antiguo regidor de Móstoles. La relación de acusados incorpora además a otros exalcaldes de localidades como Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, señalados por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Este juicio, enfocado en una supuesta financiación irregular del PP a través de contratos fraudulentos vinculados a eventos, sigue ahondando en las prácticas corruptas de una de las redes de corrupción política más extensas en España.
Procedencia: The Objective ([https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-04-21/empresario-monto-actos-pp/])