En Honduras, un expediente sobre lavado de dinero y narcotráfico que supuestamente involucra a miembros de la familia Zelaya sigue estancado desde 2012, año en que el Ministerio Público pidió apoyo a la fiscalía colombiana dentro de sus pesquisas. Según documentos judiciales consultados, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto con sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, además de su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron mencionados por presuntos lazos con actividades ilícitas y por la compra anómala de diversas propiedades.
El caso se originó tras el golpe de Estado de 2009, en medio de un escenario donde aumentaban las pesquisas sobre narcotráfico y lavado de activos en la región. Para 2010, las autoridades hondureñas confiscaron bienes asociados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una compañía que, de acuerdo con la fiscalía hondureña, mantenía vínculos con actividades del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa se encontraban Aldo Asfura Laca, un empresario señalado por lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, relacionada con el narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, condenado en 2018 en Estados Unidos.
La relación con los Zelaya empezó a concretarse cuando se identificaron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya adquisición, considerada irregular, se atribuyó al expresidente y a su círculo familiar. También, una petición de cooperación jurídica enviada a Colombia en 2012 incorporó grabaciones telefónicas que presuntamente vinculaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana remitió a su par en Honduras registros de audio y numerosos documentos, aunque hasta el momento no se ha iniciado un proceso formal contra los implicados.
Las propiedades incautadas en la zona central de Honduras, que incluían haciendas con helipuertos y cabezas de ganado, siguen aseguradas por el Estado, mientras los avances legales parecen ser mínimos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los implicados ha comparecido ante la justicia por este caso. A pesar de que los bienes permanecen controlados por el Estado, las investigaciones no han derivado en requerimientos fiscales contundentes contra los Zelaya, alimentando sospechas de encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, aparece como otra figura esencial dentro del caso. Identificado por las autoridades como testaferro desde hace más de diez años, Rodríguez ha sido relacionado con inmuebles vinculados al narcotráfico y con movimientos financieros sospechosos que, de manera indirecta, habrían favorecido al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales de forma ocasional, logró recuperar algunos bienes que habían sido confiscados y su nexo con otros cabecillas del crimen organizado continúa bajo investigación.
El Ministerio Público de Honduras, ahora bajo el liderazgo del fiscal general Johel Zelaya, ha prometido combatir la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las estructuras de poder. Sin embargo, los accionistas de Fluirsa y las conexiones con estructuras criminales relacionadas con el expresidente no han producido acciones judiciales decisivas.
La ausencia de progresos en este caso evidencia lo difícil que resulta asegurar justicia en Honduras, donde la corrupción y las conexiones con el crimen organizado han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que las comunidades más vulnerables siguen padeciendo los efectos de esta persistente impunidad.
Fuente: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])